

Revista electrónica, ISSN 0718-3658
Marzo de 2021, Año XVI – Nº 55
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Revista electrónica, ISSN 0718-3658
Marzo de 2021, Año XVI – Nº 55
El artículo explica las causas del conflicto anti minero en la región de Puno en donde el soporte de este movimiento ha sido la estructura organizativa de las comunidades campesinas aimaras ante el avance de las concesiones mineras en tierras y territorios comunales otorgados por el Estado peruano.
Detrás de este movimiento aimara en contra de las actividades mineras se manifiesta dos formas de entender la naturaleza andina y los recursos que en ella existe. Para los modernos la naturaleza es el repertorio de recursos minerales que sirven para satisfacer las necesidades del hombre. En tanto para la población aimara, mal denominados “pueblos tradicionales”, la naturaleza es viva y todo lo que existe en ella son “personas” y sagradas. Estas dos miradas son los que fundamentan la raíz de las causas del conflicto anti minero entre comunidades aimaras, empresa minera y el Estado Peruano. A esto se suma el temor o los riegos a la contaminación minera que se evidencia en otras regiones del país.
El rechazo a las actividades mineras se encuentra en una situación de activo como ha reportado la Defensoría del Pueblo. Si el Estado ha establecido como una política importante el fomento de las inversiones privadas para el desarrollo es de igual importancia el respeto a los modos de vida de las poblaciones indígenas u originarias del altiplano.
Palabras Claves: Estado, Empresa minera, Pueblos Indígenas, Concesión Minera, Actividades mineras, Movimiento Anti minero, Cosmovisión del Medio Ambiente, Derechos Indígenas.
El Perú ha vivido en los últimos años un proceso de expansión de la actividad minería sin precedentes en la historia. Los gobiernos sucesivos desde 1990 hasta la actualidad han implementado progresivamente una serie de reformas legales destinadas a facilitar las inversiones orientadas a la explotación de los recursos mineros y simultáneamente atenuaron los impactos negativos que pudieran tener estas explotaciones en el territorio de las comunidades campesinas y nativas.
La relación entre el Estado y los pueblos indígenas ha sido tensa y llena de conflictos en la que se debate interés público y los intereses colectivos sobre los recursos naturales que existen en el subsuelo que ocupan las poblaciones andinos amazónicos. Es así que para el sector mayoritario de la sociedad peruana los recursos naturales pertenecen al Estado por cuanto la Constitución Política así lo establece en su cuerpo normativo. Mientras tanto los pueblos indígenas reconocidos como comunidades campesinas y nativas por el ordenamiento fundamental demandan al Estado Peruano que ellos son los propietarios de las tierras y recursos naturales que en ella existen. Estos últimos se oponen a las concesiones y a las actividades mineras en sus tierras comunales o familiares por los riegos o temores de contaminación ambiental que son reforzados por la cosmovisión de la población aimara.
En este sentido se desarrolla en una primera parte las actividades mineras y el movimiento anti minero en Puno. En la segunda parte se expone la cosmovisión del medio ambiente o sobre recursos naturales que está en trasfondo del conflicto entre empresa minera, comunidades campesinas y el Estado peruano.
Las protestas antimineras realizadas en Puno entre marzo y mayo del 2011 paralizaron a la región de Puno por 45 días y puso en alerta al entonces candidato al Gobierno Ollanta Humala, cuyos representantes tuvieron que negociar con dirigentes del movimiento para que dieran una tregua a sus acciones para que permitieran las elecciones y apoyaran su candidatura (Uceda; 2011). Estos hechos tuvieron como uno de sus ejes la demanda de anulación de la concesión minera Santa Ana otorgada a la empresa minera canadiense Bear Creek en el distrito de Huacullani, provincia de Chuchuito (Ruíz y Vela; 2013). La empresa minera estaba en la fase de exploración y debido a que Puno se ha convertido en la segunda región con el mayor número de hectáreas concesionadas del país se produce la oposición. Además de los pasivos ambientales mineros registrados en las comunidades quechuas de la cuenca del río Ramis en el Norte de Puno, se explica la percepción de riesgos de contaminación de las concesiones mineras para la población aimara.
Las concesiones mineras en Puno pasaron de 433,321 hectáreas el año 2002 a 1’643,746 en 2010. Hubo un aumento del 279%. Si Puno tiene 6’699,700 hectáreas (66,997 km2), el porcentaje de Puno concesionado es cerca del 24%”. (Echave; 2011).
Asimismo, según Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), existe 2017 petitorios formulados, los cuales abarca un total de 2’620,349 hectáreas, lo que equivale a 39% del territorio total de Puno (DDHH y Medio Ambiente; 2011). Si se suman las dos cifras, tenemos que el 63% aproximadamente del territorio1 de Puno ha sido concesionado a la empresa privada.
A esto evento se suma que las concesiones mineras en tierras comunales han sido otorgadas sin consulta y participación de las poblaciones involucradas. Es más la forma de concesión inconsulta contradice el espíritu del ordenamiento jurídico nacional2 e internacional en materia de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
La Defensoría del Pueblo a la fecha ha reportado un total de 21 conflictos sociales, de los cuales trece se encuentran en la situación de activos y ocho están como latentes. Del total de conflictos, catorce corresponderían a temas socioambientales y otros tantos relacionados con otros problemas. Se destaca que los conflictos activos están situados en el distrito de Huacullani (Chucuito) donde la población rechaza a la empresa minera Bear Creek y en el distrito de Pomata (Chucuito) donde de igual manera los pobladores se oponen a la concesión minera del Cerro “Tanapaca”. (Defensoría del Pueblo; 2015).
A diferencia del año 2014 se aumentó de 18 conflictos sociales a 21, lo que significa que a medida que las concesiones mineras se otorgan también crece los conflictos sociales contra las actividades mineras.
La imagen predominante de la minería es, como ya se ha mencionado, negativa. Sin ir muy atrás en la historia, la memoria colectiva campesina continúa representando a las empresas mineras como se las imaginaban hace un siglo. Por un lado, generaron empleo, pero por otro lado afectaron negativamente la vida económica campesinas, al contaminar el agua, depredar bosques o al intentar (y lograr en muchos casos), apoderarse de las tierras comunales, mediante una serie de tácticas que los campesinos tienen grabadas como fraudulentas y prepotentes y que, en no pocos casos, desembocaron en medidas de represión y en dolorosos masacres. (Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad; 2013). A esto se suma una cultura de desconfianza y recelo bastante generalizado en contra de los extraños cuya expresión es la nueva minería.
En los últimos decenios, el perfil de los líderes y dirigentes locales ha ido cambiando, prefiriéndose a aquellos con educación formal, experiencia migratoria y trayectoria organizativa. Son ellos quienes conducen a su pueblo o comunidad, y quienes la representan en las negociaciones con actores e instituciones externas. Esto, sin embargo, no ha implicado la desaparición de los líderes tradicionales, quienes no necesariamente figuran hacia fuera como el caso de los llaqta taytas en varios lugares. Aun cuando no aparecen en público, conservan un peso e importancia clave en la toma de decisiones, incluyendo la resolución de conflictos. (Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad; 2013). Este sería el caso del líder aimara Aduviri y otros representantes indígenas que vienen de las canteras de la universidad y que tuvieron como soporte en la protesta a los tenientes gobernadores que siendo parte del Ministerio del Interior, se apartaron y dirigieron la protesta antiminera en Puno.
Una característica que permite al movimiento lograr acuerdos y articularse es la base de la estructura de movilización del movimiento: la forma de asociación comunal. Es sobre esta que recae el poder de la movilización y del movimiento. A través de aquella, el movimiento antiminero reducido y aislado, frente a detonantes específicos o coyunturales, puede aglutinarse en las provincias del sur y del norte de la región en la forma de movimientos más grandes, incluyentes y heterogéneos. (Ruiz y Vela; 2013).
Poblaciones diversas en el país, pero sobre todo comunidades campesinas e indígenas, se han constituido como el principal actor o grupo de resistencia al avance de la minería y otras actividades extractivas, lideradas por la inversión transnacional. De las 5.680 comunidades reconocidas y con títulos de propiedad, 3.326 se encontraban a fines del siglo XX con parte de sus territorios ocupados por concesiones mineras. Si bien es cierto que la respuesta de las comunidades a la minería ha tenido diferentes expresiones, queda claro que la expansión minera generó un incremento de conflictos sociales en las zonas explotadas, como también en áreas donde las empresas recién planificaron la exploración. (Palacios y Echave; 2009).
Asimismo un enfoque desde otra vertiente señala que el problema del medio ambiente no expresa (solamente) una deficiencia de comunicación e información, sino el (des)encuentro de diferentes valores y mundos de vida. (Diez; 2009). Este sería el conflicto de fondo del llamado “aimarazo” en la región de Puno. Quizá sea también el tema “de fondo” la distribución de los beneficios económicos y la defensa de la autonomía y la cuestión del poder.
Recogiendo las reflexiones de Enrique Ghersi3, sobre la crisis minera peruana dice, que en nuestro país no se ha seguido el principio universal de quien es dueño del suelo también lo es del subsuelo y sobresuelo con la limitación solo de respetar los derechos de los otros vecinos. Sostiene que el enfrentamiento en las comunidades indígenas con la burocracia del Gobierno estatal explica la actual crisis, si se tiene en cuenta que solo los principales depósitos de minerales en el Perú se encuentran en las tierras de las comunidades campesinas. (Sagástegui; 2010).
Cambiar el sistema de propiedad minera en el Perú no es solo importante por temas económicos, sociales, ambientales y de justicia. Es también importante por ser una forma de garantizar la gobernabilidad y estabilidad democrática. (Pasquel; 2009). Entonces se puede decir que es importante una nueva regulación en el sistema de propiedad sobre los recursos naturales para evitar los conflictos sociales.
A falta de una regulación que reconozca propiedad del suelo y subsuelo de las tierras comunales se ha derogado el D.S. 083-2007- EM que autorizaba a empresa minera a realizar actividades dentro de los cincuenta kilómetros de zona de frontera y se suspende de igual modo mediante D.S. 026-2011-EM, la admisión de petitorios mineros en el territorio de las provincias de Chucuito, el Collao, Puno y Yunguyo el 28 de mayo de 2011.
Un hecho importante que se debe destacar como un elemento central y tal vez de fondo en los conflictos mineros es respecto a las percepciones que se tiene sobre el medio ambiente, recursos naturales y mineros. En este sentido la percepción o cosmovisión se define como la manera de explicar, comprender, pensar sobre la realidad natural y social que tiene las poblaciones originarias.
Los habitantes aimaras que viven en la ecorregión andina tienen una cosmovisión extraordinaria sobre el medio ambiente que los diferencia sustancialmente de la cosmovisión occidental moderna que comparten la sociedad dominante, los funcionarios del Estado, los representantes y trabajadores de la empresa minera Santa Ana.
La cosmovisión andina, como sugiere Van den Berg se ha formado sobre la base de la experiencia y la percepción del universo como una totalidad. Kusch, ha definido el cosmos andino como “una totalidad orgánica”, como “algo orgánico total”. Dentro de esta realidad considerada como totalidad, todos los elementos o componentes están en una relación mutua, que se caracteriza por la reciprocidad, un dar y recibir que se extiende a todas las dimensiones del universo. (Van Den Berg; 1990).
Para la población aimara el medio (natural) es considerado como una totalidad viva y animada, que incluye al hombre mismo. Basándose en una visión cosmocéntrica, el medio natural se impone al hombre y éste se adapta ingeniosamente a los procesos naturales. El proceso productivo es cultivación de la naturaleza; es celebración ritualizada de sus procesos en que el hombre participa realizando su propia existencia. Por la relación ética hombre-medio natural, existe propiedad colectiva de los recursos naturales. La conservación del medio y de los recursos es responsabilidad de la comunidad. Se trata de la percepción religiosa del medio natural.
Mientras que en la percepción del hombre moderno europeo la naturaleza es la totalidad de recursos, de materia prima disponible, de insumos para la producción. Basándose en una visión antropocéntrica, el hombre trata de imponerse a la naturaleza y de manipular en forma intensiva los procesos naturales. El proceso productivo constriñe la naturaleza con procedimientos violentos (con medios químicos y mecánicos); está mecanizado e industrializado (el principio de la bio- industria) y tiene carácter de simple producción de mercadería. Por la relación económica hombre-medio natural, existe propiedad privada de los recursos naturales, con recargo de los costos del deterioro y agotamiento hacia la colectividad. Es una visión secular del medio natural. (Van Kessel; 1991).
En esta investigación se establece una distinción entre dos formas de entender el medio ambiente y los recursos que en ella existe. En la cosmovisión del medio ambiente de la población aimara la tierra y todo lo que existe en ella es sagrado y tiene vida. En tanto en la interpretación racional del sector mayoritario de la sociedad peruana incluido los trabajadores y representantes de la empresa minera el medio ambiente es depósito de materias primas al servicio del hombre.
Los estudiosos de la cosmovisión andina enseñan que el hombre andino no considera el medio natural como un mero recurso material aprovechable o no-aprovechable. En su concepción, la cordillera – en efecto, la tierra – está considerada como un macro-organismo vivo, donde todo tiene vida y donde todo es necesario para la integridad de la vida de la Pacha4. Este cosmos animal, del cual forma parte el hombre mismo, le exige respeto, cariño y comprensión. Así mismo, la tierra llamada Pachamama5, es divina y es la madre universal de la vida. (Van Kessel; 1992). Esta relación espiritual del hombre aimara con su entorno natural no es comprendida y se constituye en el soporte ideológico de la protesta anti minera en Puno.
En la visión mayoritaria de la sociedad peruana desterritorializado de los Andes o ajena a esta cultura, junto a la posición del gobierno de García, el medio natural andino (Perú), cuenta con muchos recursos que no son aprovechados porque “los perros del hortelano” impiden al gobierno fomentar su explotación, según él, por ideologías pasadas o por ambiciones personales o de grupo. En su opinión “el perro del hortelano” se vale de la demagogia y del engaño para sostener que las tierras comunales no pueden tocarse porque son “objetos sagrados”, obstaculizando así la inversión. (García; 2007-2018). En esta declaración o mejor dicho cosmovisión del medio ambiente sobresale la arrogancia y la ignorancia, el desprecio y el profundo desconocimiento de la relación hombre naturaleza en los Andes.
Asimismo en la publicación se explica dos posiciones con dos visiones de desarrollo diferentes, mientras uno entiende que el crecimiento del Perú se hará en torno a la inversión privada de las empresas extractivas de recursos naturales que en su mayor parte se encuentran en territorios de las comunidades campesinas y nativas y pueblos indígenas en aislamiento o contacto inicial, los otros buscan ejercer y hacer respetar sus derechos, especialmente de carácter territorial. Los resultados son la imposición de legislación inconsulta e inconstitucional, el crecimiento de la conflictividad y al ataque frontal a lo que desde el gobierno peruano se ha denominado “el perro del hortelano”, es decir, personas que están defendiendo su existencia y el reconocimiento de sus derechos. (Alva; 2011). Pero también en defensa de su derecho a la identidad étnica y cultural.
Descola, ya ha destacado que desde varios siglos en occidente la naturaleza se caracteriza por la ausencia del hombre, y el hombre por lo que ha sabido sobrepasar lo que hay en él de natural. (Descola; 2002).
Para la mayoría de la sociedad peruana que junto a García comparten la cosmovisión moderna, la tierra y los recursos mineros que existen en ella son materias primas que debe explotarse para combatir la pobreza y la extrema pobreza que afectan a las poblaciones de las comunidades andinas y amazónicas.
Pero lo cierto es que para la población andina la tierra es su madre. Existe una vinculación estrecha y profunda no solo económica a través de las actividades agropecuarias sino supra económicas. La tierra se considera más allá que un medio de subsistencia. Es el espacio sagrado en el que fluye la vida del cosmos. En el pensamiento andino toda la naturaleza incluida el hombre forma una totalidad interrelacionada. El hombre no se concibe como una entidad autónoma e independiente de la naturaleza.
Desde esta perspectiva no somos algo externo ni huéspedes de Gaía (diosa griega de la tierra), sino parte de ella. Somos parte de esa vida planetaria, parte del planeta y, como todas las partes, nos incumbe contribuir a la autorregulación y no perturbar sus finos equilibrios y reequilibrios (Zaffaroni; 2011). La pachamama (Deidad aimara de la tierra), desde luego es nuestra en la que no solo estamos sino del cual formamos parte.
Si el Estado ha establecido como una política importante el fomento de las inversiones privadas componentes importantes del desarrollo al cual se quiere arribar, lo es el respeto a las tradiciones ancestrales, lengua, identidad étnica y pluralismo cultural en que se desenvuelven peruanos de una vertiente cultural diferente a la que ostenta el Perú oficial.
No existe en norma constitucional ni internacional alguna – mucho menos en la jurisprudencia nacional o internacional – reconocido el derecho del Estado a obligar a los pueblos indígenas (en nuestro caso, comunidades campesinas y nativas) a renunciar a su legítimo derecho a la existencia, a su identidad étnica y cultural y en general a sus derechos colectivos. (Ponce; 2011). Es fundamental establecer desde el Estado un diálogo intercultural entre los actores del conflicto y buscar la conciliación o consensuar entre la modernidad y la tradición.
Alva, A. A. (2011). Entre los avances y los retrocesos de la política estatal intercultural peruana: Una aproximación a la realidad de los pueblos indígenas. RAE JURISPRUDENCIA, 42, 93-104.
Artículo publicado el 28 de octubre de 2007. Disponible en: http://elcomercio.pe/ediciónimpresa/html/2007-10- 28/el_sindrome_del_perro_delhort.html.
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Zaffaroni, E. R. (2011). La Pachamama y el humano. Buenos Aires, Argentina: Inédita.
Notas:
1 Los propietarios y poseedores de las tierras son las comunidades campesinas que se autoperciben como aimaras o quechuas.
2 El Estado peruano ha firmado el Convenio 169 de la OIT que protege los derechos colectivos de las comunidades campesinas y comunidades nativas. Este Convenio se encuentra vigente desde el año 1995.
3 Así preguntándose sobre la diferencia que existe entre encontrar petróleo en un jardín de su casa en el Perú y encontrarlo en un jardín de Houston. La respuesta es, dice Ghersi, que si lo encuentra en este último lugar usted será rico y será suyo. En el otro caso, usted seguirá siendo pobre, porque desde el gobierno del Perú. De allí los conflictos en relación con las comunidades de los Andes del Perú. La nueva burguesía del Perú cuenta con un destino de riqueza.
4 Es el universo, la naturaleza sagrada donde interactúa recíprocamente los tres elementos de comunidad natural: Waka, sallaqa y jaqe.
5 Es la deidad principal de los aimaras, vinculado con la tierra o la naturaleza.
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