LIBROS NUEVOS

María Concepción Gavira Márquez.

Historia de una crisis: la minería en Oruro a fines del periodo colonial .

La Paz – Bolivia IEB/IFEA 2005

RESUMEN

El libro aborda principalmente el desarrollo de la actividad minera en Oruro (Bolivia), la evolución de su producción y su importancia dentro de la minería colonial; las relaciones y estrategias socio-económicas de los principales protagonistas de esta actividad y la incidencia de la política colonial y sus representantes en el desarrollo económico y social de la región.

El primer capítulo aborda el origen del asiento minero y su consolidación como centro económico. Partiendo de la tesis planteada por Sempat Assadourian, la autora ha intentado analizar cómo empezó a articularse un espacio regional en torno a la producción de plata, observando cómo, a partir de la explotación de las minas a fines del siglo XVI, comenzó a configurarse un espacio económico y administrativo cuyo centro se localizó en Oruro. Se ha puesto especial atención en el establecimiento de las redes comerciales que lo vinculan con otras regiones productoras encargadas de abastecer las demandas generadas por la actividad minera. En definitiva, pone en evidencia la transformación del espacio territorial, donde se descubrieron y explotaron las minas, de manera que, de ser un lugar escasamente poblado, pasó a convertirse en un asentamiento urbano muy importante donde se establecieron las autoridades coloniales y se instaló la Caja Real.

El segundo capítulo, empieza abordando las diferentes fases de la producción minera hasta la conversión en moneda de las barras de plata y los diferentes agentes que intervienen en todo el proceso. A continuación, presenta un estudio cuantitativo de la producción de plata, al que considera necesario anteceder de un análisis detallado de las fuentes utilizadas para la elaboración y evaluación de la producción. En este apartado pretende cuestionar los motivos de la crisis minera de Oruro a fines del siglo XVIII, los cuales fueron planteados por la historiografía tradicional y los testimonios de la época como consecuencia directa de la sublevación de 1781. A través de las fuentes fiscales de la Caja Real de Oruro, de las visitas de minas y otros informes, se acerca a los diferentes asientos mineros de la región para analizar la situación productiva de las minas y el origen de los principales problemas en la actividad minera. Trata de plantear lo que considera un esquema económico aproximado de la producción minera de la región, imprescindible para abordar otros aspectos importantes en la estructura de la producción de plata y en el desarrollo sociopolítico regional. El capítulo tercero está centrado en la empresa minera, especialmente en las formas de financiación. En este apartado, contamos con el reto de replantear y cuestionar algunas de las tesis mantenidas sobre la financiación de la empresa minera y su dependencia del capital comercial. Ante el binomio conocido como el habilitador-minero, advierte un complejo y variado sistema de financiación y participación en la empresa minera a través de las compañías. La diversidad de estos contratos, que difieren de la fórmula de la habilitación y financiación por parte de los grandes mineros y azogueros a los pequeños y medianos, muestran un panorama financiero donde no prevalece exclusivamente el capital comercial y la figura del comerciante como único motor de inversión en la actividad minera. A través del estudio de dos casos concretos aborda el papel de un importante empresario minero y de un importante habilitador, sus estrategias económicas, sociales y políticas.

En el capítulo cuarto analiza las estrategias de las elites mineras como grupo, sus relaciones y conflictos de competencia por el poder local. La intervención de las elites orureñas y los principales mineros en los acontecimientos ocurridos durante la sublevación en febrero de 1781, es motivo de interés por repercusiones y consecuencias de estas circunstancias en la actividad minera. Plantea y cuestiona alguna de las propuestas de la historiografía más tradicional que hacía responsable a la represión y desaparición de los mineros implicados como causa principal de la crisis minera. Evalúa los conflictos por el poder y las relaciones con las autoridades locales como estrategias socioeconómicas de la elite orureña que se vio envuelta en la sublevación, y las consecuencias de la participación y posterior represión de los principales mineros y el embargo de sus propiedades.

La mano de obra minera ha constituido el tema principal del quinto capítulo, donde aborda detenidamente las formas de reclutamiento y remuneración de los trabajadores. Analiza las condiciones laborales y cuestiona hasta qué punto se puede considerar la existencia de un mercado libre de trabajo minero. Los expedientes abiertos ante audiencia de Charcas, además de otros testimonios, nos revelan el empleo de los métodos coactivos por los empresarios mineros más allá de los impuestos por el sistema colonial. Al empleo de ciertas fórmulas para reclutar y retener la mano de obra, habría que sumar la complejidad en el pago de los salarios que, dependiendo de la actividad, podían ser en productos, dinero y mineral. En el capítulo sexto trata la intervención de la política colonial en la actividad minera, principalmente por medio de la burocracia hacendística. Los oficiales reales, funcionarios que fiscalizaban y administraban los recursos de la Corona, eran los encargados de aplicar la reglamentación vinculada con la minería, la distribución de azogue, recoger impuestos sobre la plata, etc. Las continuas irregularidades en la gestión de los oficiales y sus nombramientos, que numerosas veces recayeron de forma interina en las mismas elites orureñas, cuestionaban la eficacia de las reformas borbónicas y su intensión de controlar y racionalizar la administración colonial, al menos en el nivel local. En el capítulo séptimo, presenta una aproximación a la producción de cobre y estaño, minería considerada de menor importancia durante la colonia en comparación con la plata. Estos dos metales, que empezaron a cobrar cada vez más importancia a fines del siglo XVIII, fueron impulsados por la demanda de la Corona que se encargó de establecer asientos con los productores orureños a través de la Caja Real de Oruro. Como consecuencia de este fomento, empezaron a sentarse las bases –concretamente en el caso del estaño- de lo que sería el nuevo auge minero que comenzó a desarrollarse a fines del siglo XIX. Justamente en la segunda mitad del siglo XVIII, empezaron a explotarse de forma más intensiva las minas de Huanuni, que sería uno de los centros más importantes de producción de estaño en el nivel mundial. Termina el trabajo acercándose, a manera de epílogo, a la situación de la minería en Oruro durante las primeras décadas de la República. La crisis en la que quedó sumida la actividad minera en la región hasta el final del periodo colonial los invitaba a interesarse por los posibles cambios institucionales y económicos que podrían llegar con los gobiernos republicanos. Sin plantearse un estudio en profundidad, los interesaba conocer quiénes eran los mineros que continuaban explotando las minas, la introducción de inversiones que atajaran los problemas que venían paralizando la actividad en la región, los cambios tecnológicos y los efectos del nuevo marco político republicano.

Nancy Yánez Fuenzalida y Raúl Molina Otárola

La gran minería y los derechos indígenas en el norte de Chile .

Santiago – Chile LOM Ediciones 2008

RESUMEN

El texto realiza en su primer capítulo un breve recuento histórico de la minería indígena en Chile, su origen precolombino y la importancia que tuvo durante los periodos colonial y republicano. Los autores analizan la situación actual (bajo la modalidad de pequeña minería) y los obstáculos que entorpecen su desarrollo, en contraste con las facilidades y privilegios de que goza la gran minería. Muestran que conforme se industrializan las faenas mineras, fueron desapareciendo irremediablemente la minería indígena, con ello, sus bases culturales y económicas, todo lo cual se ha intensificado con la política neoliberal-asociada a la globalización de los mercados-, encaminada a expandir la gran minería.

En el capítulo II nos entrega algunos antecedentes sobre los pueblos indígenas andinos del norte de Chile, esto es, las comunidades aymara, atacameña o lickan antay, quechua, colla y diaguita. El capítulo ilustra las variables territoriales, sociales y ambientales que caracterizan a estas comunidades, que han vivido allí desde los tiempos inmemoriales. Estos espacios, así como las estructuras sociopolíticas de los pueblos andinos, han sido modificados por la intervención de actores externos en distintas etapas históricas: conquista, colonia, república y periodo actual, este último marcado por la eclosión de la gran minería. En el capítulo III hacen una caracterización ambiental de estos territorios, para poder dimensionar después el impacto ejercido en ellos por las grandes empresas mineras, representando no solo por sus enormes instalaciones y faenas industriales, sino también por su intervención sistemática de la zona en busca de aguas subterráneas y superficiales. Además, se estiman los impactos específicos (actuales y futuras) de los proyectos mineros, así como las inversiones de ejecución y las proyectadas, cuya envergadura, sin precedentes en la historia de la minería de Chile y el mundo, habla por sí sola de los estragos que pueden ocasionar en los territorios, el hábitat y la estructura organizacional de las comunidades indígenas andinas.

En el capítulo IV analizan el modelo minero chileno y sus consecuencias, y mostrando que los estándares ambientales y de derechos indígenas que establece la legislación internacional no se aplican en el país. Dentro de este mismo capítulo se pasa revista a varios estudios de caso realizados en el marco de la presente investigación, que ilustran las distintas formas en que los megaproyectos mineros vulneran los derechos políticos, territoriales y culturales de estos pueblos.

Los casos que se examinan en el capítulo IV son: i) extracción de aguas subterráneas, en el sector de Pampa Lagunilla, por la Compañía Minera Cerro Colorado; ii) explotación de aguas subterráneas asociadas al sistema lagunar de Michincha y Coposa por la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi; iii) destrucción de sitios arqueológicos como consecuencia de la expansión de la piscina de relaves de Talabre; iv) pérdida de derechos de aguas indígenas en la cuenca del río Loa vinculada a la explotación de recursos hídricos por grandes empresas mineras y sanitarias; v) explotación industrial de los géiseres del Tatio, sitio patrimonial de las comunidades indígenas de Toconce y Caspana; vi) explotación industrial de salmuera en el Salar de Atacama; vii) el proyecto minero Pascua Lama; viii) el proyecto Pampa Puno, a través del cual CODELCO División Norte ha obtenido derechos para explotar aguas subterráneas, por un volumen de 400 litros por segundo, en acuífero alumbrados en 8 pozos localizados en el sector de Pampa Puno, sobre la cabecera del ya saturado río Loa; ix) la solicitud presentada por la minera Collahuasi a la DGA para obtener derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, por un volumen de 900 litros por segundo, en acuíferos protegidos por normas internacionales y nacionales, como es el caso de la laguna del Salar de Huasco, y x) la explotación de 1.021 litros por segundo de aguas subterráneas solicitada por Minería Escondida en el sector de Pampa Colorada, proyecto que ha sido sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) bajo la denominación de “Suministro de Agua Pampa Colorada” y que compromete los sitios patrimoniales del Salar de Aguas Calientes II y la Laguna Tuyagto, de propiedad ancestral de las comunidades atacameñas de la zona.

Todos los estudios de caso a que han hecho referencia, junto con poner en evidencia la debilidad de los controles ambientales del Estado, dejan ver las amenazas que se ciernen sobre las comunidades indígenas altiplánicas como consecuencia de la apropiación y sobreexplotación de las aguas subterráneas, en particular de aquellas asociadas a ecosistemas de extrema fragilidad, como las lagunas altiplánicas, los salares, las vegas y los bofedales. Por otra parte, advierten que las comunidades que han intentado recuperar sus territorios también ven amenazados sus derechos, debido principalmente a la actitud dual del gobierno, que no acaba de resolver la contradicción entre una política indigenista y una de desarrollo basado en la explotación primaria de los recursos naturales. Ello se puso de manifiesto, por ejemplo, en el caso de las comunidades de Toconce y Caspana, a las que el Estado les había otorgado una concesión para la explotación turística de los géiseres del Tatio, sitio patrimonial de ambas que hoy se hallan en peligro, porque el propio Estado entregó posteriormente una concesión sobre la cuenca geotérmica. En igual situación se encuentran las comunidades ribereñas del Salar de Atacama, en particular de Toconao, a la cual se había otorgado en concesión la Laguna Chaxa, en el Sitio Ramsar Sistema Hidrológico Soncor, localizado en la empresa SQM Salar SA para ejecutar un proyecto denominado Cambios y Mejores para la Operación Minera en el Salar, con el cual se extraerán cerca de 1.500 litros por segundo de salmuera, explotación que sin duda pondrá a la laguna en serio peligro de desaparecer.

De todos los casos enumerados muestran tres de especial significación, que se exponen in extenso en el capítulo V. Se trata de: i) la situación de las comunidades rivereñas del río Loa y sus afluentes y de los impactos de la minería en sus derechos sobre las aguas; ii) la explotación de aguas subterráneas asociados al sistema lagunar de Michincha y Coposa por la minería Collahuasi, y iii) el impacto del proyecto Pascua Lama en el ecosistema y los territorios de la comunidad huascoaltina. Con estos estudios a fondo pretendemos entregar mayores luces acerca del impacto de la minería, lo cual ha de servirnos para poner nuestras conclusiones y recomendaciones finales sobre bases más sólidas. Concluyen indicando que los pueblos indígenas de Chile han exigido infructuosamente del Estado el reconocimiento y protección de sus derechos territoriales y de su derecho a controlar los procesos políticos, económicos y culturales que tienen lugar en sus tierras. Lamentablemente no ha sido así, y se ha favorecido la expansión minera en desmedro del interés indígena. Entre las recomendaciones destacan aquellas referidas a la búsqueda de diversas vías para solucionar los conflictos que surgen entre comunidades indígenas y empresas mineras.

Anthony Bebbington (editor)

Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas: una ecología política de transformaciones territoriales .

Lima – Perú IEP / CEPES 2007

RESUMEN

Este libro explora las relaciones entre la gran minería, las respuestas campesinas y el surgimiento de movimientos sociales que esta induce. Sobre la base de ello, discute cómo las acciones e interacciones de estos actores, junto a otros elementos, terminan construyendo nuevos territorios y nuevas sendas de desarrollo rural en las zonas altas de América Latina con un enfoque especial en la región andina. Conceptualmente, se ubica dentro de la tradición de la ecología política y su interés en entender el papel negociador de los movimientos sociales en la relación entre la economía política y el medio ambiente. También se nutre de una conceptualización del espacio, el lugar y el territorio, cada uno producto de las articulaciones entre distintos actores sociales operando a diferentes escalas. Se sugiere que estas pautas conceptuales ayudan a entender las dinámicas del desarrollo y del conflicto en zonas de influencia minera, así como las transformaciones socioeconómicas que se derivan. Con este enfoque, este volumen busca contribuir al entendimiento de los conflictos que se desencadenan a raíz de la cada vez mayor presencia minera en las zonas altas de América Latina; y, por consiguiente, adquiere relevancia frente a la necesidad de repensar el desarrollo rural de una manera que reconozca la gran influencia del uso del subsuelo, el suelo y el agua en la determinación de las dinámicas socioeconómicas rurales.

El libro reúne siete capítulos organizados en cuatro secciones. En la primera sección Anthony Bebbington presenta el marco conceptual en el cual el libro se ubica. Basado en la tradición de la ecología política el capítulo establece conceptos analíticos fundamentales para analizar las relaciones entre movimientos sociales, minería y desarrollo y esboza posibles elementos programáticos para la investigación sobre minería y transformaciones territoriales en América Latina. El mensaje fundamental de este esquema se resume de la siguiente manera: Primero, las dinámicas de la economía política del capitalismo moderno explican gran parte de las transformaciones ambientales y territoriales que se están viviendo en América Latina. Insistir en esta observación no implica ser determinista y menos aún marxista; es más bien un enfoque realista y pragmático. Implica que, no obstante, nuestro deseo de entender, visibilizar y fortalecer la capacidad de acción (o en inglés human agency) de poblaciones locales, no se pueden (ni se deben) ignorar los enormes efectos que las dinámicas político-económicas tienen y tendrán en los procesos locales. Segundo, no obstante lo dicho, la economía política no determina todo. Existen espacios para el ejercicio de tomar decisiones autónomas, tanto a nivel individual como colectivo. Si bien en muchos casos esta toma de decisiones parece orientarse más hacia estrategias de sobrevivencia, en ciertos casos tiene una orientación más política e intenta resistir y renegociar los procesos político-económicos que se imponen a poblaciones locales. Sea que la acción se da como estrategia de sobrevivencia o que se dirige a la protesta, esta capacidad de decidir y actuar de los individuos cambia los efectos de la economía política sobre la transformación territorial y ambiental. En este sentido, los territorios y los procesos de desarrollo locales son coproducidos. Finalmente, tanto los procesos político-económicos, como las respuestas sociales, pasan por niveles nacionales e internacionales. Los actores privados y estatales a nivel nacional juegan un rol importante en la expansión minera y los actores sociopolíticos- a veces del propio Estado- también cumplen un papel importante en las respuestas sociales a esta expansión económica. En estas diversas interacciones la participación de individuos y organizaciones internacionales que se ubican en, y actúan desde, espacios globales es fundamental, no solo porque algunos de ellos establecen y facilitan los esquemas financieros y reguladores bajo los cuales se da la gran inversión minera (por ejemplo en caso del Banco Mundial), sino también por que otros se alinean y/o influencian en el surgimiento y formas que adquieren los movimientos sociales (por ejemplo las ONG del Norte). De esta forma, lo que observamos no es solo una confrontación y coproducción entre lo global y lo local, sino un proceso de transformación que da como resultado lo que se puede denominar glocal.

Estos dos elementos -economía política y respuestas sociales- dan la estructura para las siguientes dos secciones. En los dos capítulos de la segunda sección, Jeffrey Bury para el caso de Cajamarca en Per? y Eric Holt-Giménez para el de Guatemala, ayudan a profundizar una lectura político-económica de las transformaciones territoriales que se dan alrededor de la actividad minera. Ambos, en sus respectivas miradas regional y nacional, demuestran la importancia de analizar la economía política del desarrollo minero a varias escalas a la vez: Internacional, nacional y regional. También demuestran cómo esta economía política explica gran parte de la determinación de las reglas del juego dentro de los cuales los actores locales operan. Aun cuando algunos lectores concluirán que tales análisis resultan demasiado deterministas y hasta parecen influidos por alguna noción de conspiración capitalista globalizante, en el actual contexto global en que las localidades latinoamericanas evolucionan, sería imposible abordar su desarrollo territorial en términos analíticos y políticos sin entenderlas como espacios coproducidos por procesos globalizantes e historias locales.

La tercera sección incluye tres capítulos y se constituye en otro pilar del esquema conceptual, enfatizando la capacidad de acción humana en sus distintos niveles y la posibilidad de que esta pueda influir en las trayectorias de las transformaciones territoriales desencadenadas por la inversión minera. En el capítulo cuarto, Gerardo Damonte explora las formas de esta capacidad de actuar y la resistencia que surgen a nivel local y comunal y que se manifiestan tanto en acciones cotidianas como en acciones más concertadas a nivel comunal. Este capítulo ofrece una lectura de estas respuestas campesinas a través de un estudio etnográfico y etnohistórico de la resistencia comunal a dos minas, la mina Inti Raymi en Oruro (Bolivia) y Antamina en Huaraz (Perú). La profundidad de su análisis demuestra la importancia de entender las articulaciones entre resistencia social, minería y desarrollo local en su debido contexto sociohistórico; también deja claro que no se debería mantener imágenes preestablecidas o románticas ni de la naturaleza de esta resistencia, ni de sus alcances.

El quinto capítulo da continuidad al énfasis analítico puesto en la resistencia, pero a un nivel más coordinado y supracomunal. Preparado por Anthony Bebbington, Jeffrey Bury, Denise Humphreys Bebbington, Jeannet Lingan, Juan Pablo Muñoz y Martin Scurrah, el capítulo explora el surgimiento de procesos de movilización social en contextos de influencia minera, con un énfasis especial en las relaciones entre actores locales, transnacionales y nacionales en estos incipientes movimientos sociales. Del mismo modo considera cómo estos movimientos sociales interactúan con las empresas mineras y entidades del Estado y, en el proceso, influyen en las trayectorias del desarrollo territorial. La comparación sobre la cual se elabora el argumento que presenta el capítulo es entre Cajamarca (Per?) y Cotacachi (Ecuador), dos zonas en las cuales en la década de 1980 se identificaron importantes yacimientos minerales, pero que, a la fecha en que este volumen se publica, reflejan situaciones muy distintas: Mientras Cajamarca es anfitriona de la mina de oro más grande de América Latina, en Cotacachi no se ha pasado de una primera fase de exploración. La pregunta inmediata que surge de esta comparación es si esta diferencia tiene algo que ver con las formas de movilización social en los dos sitios. Esta comparación es adicionalmente interesante porque cuando se conectan los capítulos cuarto y quinto, llama la atención de que el accionista principal de Minera Yanacocha en Cajamarca (la empresa estadounidense Newmont Mining Corporation) sea también el socio principal de Inti Raymi, uno de los casos discutidos en el capítulo de Damonte.

El sexto capítulo de Jeffrey Bury complementa el quinto capítulo en dos sentidos. Por un lado, explora otros tipos de respuesta local a la minería-respuestas que pasan no por la resistencia sino por la readecuación de los medios de vida de la población. Por otro lado, dado que el quinto capítulo discute sobre los efectos de la minería y la movilización en la economía regional, este capítulo ofrece evidencia empírica sobre la cual se puede responder a la pregunta formulada líneas arriba. Bury enfatiza el rol que juegan los activos a los cuales las poblaciones locales acceden en determinar las estrategias de vida que se construyen en respuesta a la expansión minera. Varias de estas estrategias involucran la migración y el capítulo también analiza los efectos de la minería en los patrones de movilidad demográfica entre campo y ciudad, Sierra y Costa, Per? y el mundo.

La última sección del libro ofrece conclusiones tanto conceptuales como comparativas. En ellas, Anthony Bebbington y Leonith Hinojosa sugieren que los temas discutidos en los diversos capítulos incluidos en el volumen se relacionan y aportan a la aún naciente literatura sobre minería en América Latina; basándose en ello, identifican temas emergentes en los debates sobre industrias extractivas, movimientos sociales y desarrollo territorial rural que requieren ser estudiados con mayor profundidad. Las conclusiones se orientan a conectar estos debates y el análisis empírico a reflexiones mayores sobre la reestructuración de las estrategias de vida rural y la economía rural en América Latina contemporánea. De hecho, se concluye que en vastos territorios de la región, particularmente zonas altas, no sería legítimo discutir el tema del desarrollo rural territorial sin relacionarlo a las nuevas formas de inversión en industrias extractivas que se vienen dando y a los reordenamientos territoriales, institucionales y estructurales que acompañan está inversión.

Este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo de varias organizaciones y personas, a quienes expreso mi agradecimiento. A nivel institucional, agradezco al CIID Canadá· y RIMISP-Chile a través de su programa “movimientos sociales, gobernanza ambiental y desarrollo territorial rural”. Este programa financió la investigación presentada en el quinto capítulo, parte de la producción del libro y la traducción de uno de los capítulos de Jeffrey Bury. Gracias también a la dirección y el equipo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), por brindarme su apoyo y un hogar institucional durante todo el período en que se hizo este trabajo. Quiero además reconocer al Economic and Social Research Council del Reino Unido, quien apoyó en la preparación del libro vía un Profesoral Research Fellowship (RES-051-27-0191) que financió tanto mi tiempo como el de Leonith Hinojosa y a la Escuela de Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Manchester, quien me apoyó con un año sabático durante el cual se desarrolló la investigación presentada en el capítulo quinto. Agradecimientos adicionales van para el Global Greengrants Fund quien ayudó en la investigación y financió ciertos componentes del trabajo que resultó en este libro; a las revistas científicas Environment and Planning A y The Geographical Journal, quienes permitieron la reproducción de los capítulos de J. Bury (ambos fueron traducidos y actualizados para ser incluidos en el libro); y, finalmente, al Instituto de Estudios Peruanos por adoptar esta publicación junto con CEPES. A nivel personal, quiero reconocer el apoyo de Juan Rheineck, Fernando Eguren, Julio BerdeguÈ, Phil Woodhouse, Denise Humphreys Bebbington, Deysi Rios, Susan Johnson, Martin Scurrah, Carolina Trivelli y Víctor Vich. Leonith Hinojosa hizo un trabajo magnífico en la redacción del texto. Nuestras hijas, quienes toleraron este proyecto, no quieren escuchar ni una palabra más sobre la minería -ni de mi persona, ni de Denise. Finalmente dedico el libro a Denise. Sin ella, ni yo ni Jeff Bury nos hubiéramos metido en este tema -en muchos sentidos, el libro no existiría si no fuese por su insistencia en la importancia del tema, mucho antes de que los periódicos y políticos peruanos se dieran cuenta.

Tom Perreault (editor)

Minería, agua y justicia social en los Andes. Experiencias comparativas de Perú y Bolivia.

Cusco – Perú CBC 2014

RESUMEN

Este libro examina las cuestiones de la justicia social en relación con la minería y el agua en Perú y Bolivia. Lo hace principalmente mediante el análisis de estudios de casos específicos en cada país, los cuales ponen en relieve los distintos aspectos del proceso de la minería y su relación con el agua y las comunidades locales. Los capítulos están organizados en pares, cada uno centrado en un conjunto específico de temas. En el primero de ellos, Jessica Budds (Capítulo 2) y Matthew Himley (Capítulo 3) examinan la relación entre las empresas mineras extranjeras y las comunidades indígenas/campesinas locales en los Andes peruanos, así como las formas en que esta relación está mediada por los flujos de agua. Enfocando su atención en las regiones de Moquegua y Tacna en el sur del Perú, Budds examina las relaciones desiguales de poder entre la Southern Copper Corporation (SCC) y las comunidades aymaras vecinas y aguas abajo de las operaciones de SCC. Budds sostiene que las dinámicas sociales contemporáneas tienen profundas raíces históricas y se basan tanto en las relaciones asimétricas de poder de larga data entre los actores involucrados, así como los arreglos institucionales más recientes llevados a cabo por el Estado peruano a fin de garantizar el acceso a los recursos naturales en tierras indígenas. Usando el concepto de «justicia hídrica», Budds argumenta que la calidad, la cantidad y el flujo de agua entre el SCC y las comunidades reflejan y reproducen las relaciones asimétricas. De forma similar, Himley examina la compleja relación entre la mina Pierina (ubicada en Áncash y operada por la empresa canadiense Barrick) y los residentes de una comunidad campesina local situada inmediatamente aguas abajo de la mina. Como Himley demuestra, la mina se encuentra en la cabecera de tres cuencas, situación que pone en peligro el acceso de los usuarios aguas abajo. El control de Pierina sobre las fuentes de agua de la comunidad, así como su gran impacto en el paisaje, han fomentado un clima de desconfianza por parte de los miembros de las comunidades campesinas, una situación que ha sido muy poco cambiada por los esfuerzos de la empresa para demostrar su compromiso con el cuidado del medio ambiente. Al igual que en el caso de Moquegua y Tacna, Himley demuestra que en Áncash la gobernanza del agua —las instituciones de control, acceso y gestión del agua— está íntimamente ligada a las relaciones de poder social históricamente constituidas.

Las operaciones mineras requieren inevitablemente el acceso y control de grandes cantidades de agua y tierra, lo que a su vez conduce frecuentemente a relaciones conflictivas con las comunidades vecinas. Este tema es examinado por Emilio Madrid (capítulo 4) y Tom Perreault (capítulo 5) en el análisis de los procesos de despojo de agua por las operaciones mineras (propuesto y real) en el Altiplano boliviano. Estos autores se basan en el concepto de «acumulación por despojo» del geógrafo David Harvey para analizar las formas en que la acumulación de capital —tanto en el capitalismo privado como en el estatal— tiene sus raíces en el despojo del agua y la tierra de las comunidades campesinas adyacentes (Harvey, 2003). Madrid ofrece un cuidadoso análisis de las cantidades de agua que se consumen en grandes operaciones mineras de Oruro y Potosí y argumenta que la combinación de extracciones masivas y contaminación aguda equivale a una forma de despojo de agua para las comunidades campesinas, cuyo uso real o potencial de aquella agua es negado por las operaciones mineras. Como demuestra Madrid, la amenaza de tal despojo, y sus efectos evidentes en el resto de la región, ha provocado movilizaciones y protestas en el centro lechero de Challapata, donde los campesinos perciben una mina de oro propuesta como una amenaza directa a sus fuentes de agua y sus formas de subsistencia. En su análisis de la contaminación aguda del agua en el valle de Huanuni, Oruro, Perreault invierte la formulación original de Harvey, para considerar el proceso de «despojo por la acumulación». Este concepto se refiere a los procesos por medio de los cuales a los residentes de la comunidad aguas abajo de la mina Huanuni se les ha despojado progresivamente de sus aguas, tierras y salud por la acumulación de sedimentos tóxicos en sus campos, la acumulación de agua y derechos de agua por parte de la compañía minera, así como la acumulación de tierras a través de la expansión de la mina. Como resultado de la actividad minera, los residentes han perdido el acceso a los recursos de la tierra y el agua, y en muchos casos se han visto obligados a abandonar sus hogares y comunidades.

Es precisamente a causa del espectro de tal despojo que los Estados y las empresas han puesto en marcha mecanismos legales diseñados para proteger la calidad del medio ambiente, los usos de los recursos locales y la salud humana. Este tipo de prácticas, como las evaluaciones de impacto ambiental y la consulta previa, son acordes con los estándares de «buenas prácticas» en la industria minera a nivel mundial y reflejan los acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales. Sin embargo, estas prácticas a menudo se quedan cortas para cumplir sus promesas (véase los capítulos 6 y 7 de Denisse Roca Servat y Milagros Sosa Landeo

respectivamente). Roca Servat analiza el caso de la minería urbana de Arequipa, un proyecto en el que la compañía Cerro Verde se ha comprometido a mejorar la calidad del agua y el acceso al agua para los pobres de la ciudad. Sobre la base de una comprensión crítica de la justicia ambiental, Roca Servat analiza la relación entre la mina y los barrios pobres urbanos, así como el papel del Estado en la constitución y reproducción de la exclusión social de las poblaciones subalternas. De vital importancia aquí son las diferentes formas de conocer y valorar el agua, como un recurso esencial para la vida y las formas de vida, o como un bien económico. De manera similar, Sosa analiza los procesos de uso y tratamiento del agua a través de los lentes de la justicia ambiental en la mina de Yanacocha, en Cajamarca. En particular, la relación entre las comunidades locales y la mina depende de la cuestión de la calidad del agua. Los residentes locales, quienes dependen del agua del sitio donde está la mina para el riego, rechazan la provisión de agua tratada por parte de la empresa. Al igual que en el caso de Arequipa, gran parte de la lucha en Cajamarca gira en torno a concepciones divergentes sobre el agua, en este caso, sobre la calidad del agua. Como dice Sosa, lo que se considera justo por parte del Estado y la empresa minera —el suministro de agua tratada a las comunidades aguas abajo— es considerado injusto por los miembros de la comunidad.

En un caso relacionado, Víctor Hugo Perales (capítulo 8) examina el papel del agua como punto de articulación entre las operaciones mineras y las comunidades adyacentes en el cañadón Antequera, en el departamento de Oruro. Perales demuestra que no todas las interacciones entre las minas y las comunidades locales se caracterizan por la impugnación o protesta abierta —como recientemente ha sido el caso de Yanacocha, Pierina, Moquegua y Challapata. En cambio, en Antequera, donde la minería tiene una larga historia y está profundamente entrelazada con las formas de vida locales, las relaciones toman la forma de cabildeo, diálogo y negociación. Como argumenta Perales, estas también son una forma de resistencia, aunque deba acomodarse a la presencia física imponente de pasivos ambientales, diques de colas e instalaciones mineras acumuladas durante décadas y siglos.

La presencia de material de la minería, los hechos físicos en la realidad, tiene un efecto dramático y persuasivo en las comunidades aguas abajo. Como todos los capítulos de este libro muestran, en ningún lado es esto más evidente que en el impacto de la minería sobre el agua. Este es el enfoque de los dos últimos capítulos del libro, el de López (capítulo 9) y el de Vos y Boelens (Capítulo 10). En su análisis de los ingenios en Huanuni y Potosí, López cambia nuestro enfoque del sitio de extracción hacia el sitio de procesamiento de minerales. Al hacer este cambio, López pone al descubierto una faceta de la minería que a menudo se pasa por alto: el enorme impacto que el procesamiento de los minerales tiene en la cantidad y calidad del agua. La contaminación y las grandes extracciones de agua despojan eficazmente a las comunidades locales de los recursos, destruyen los ecosistemas ribereños, y causa un gran daño a la salud humana y animal. En su comparación del agua en la agricultura de exportación y la minería, Vos y Boelens exploran el concepto de «agua virtual», es decir el agua que se consume en la producción y exportación de mercancías como el oro o los espárragos. Estos autores invocan la imagen del pishtaku, o el vampiro andino, como una figura alegórica que representa la presencia de firmas transnacionales que drenan la sangre vital de las comunidades indígenas y campesinas. En su interpretación, los programas de responsabilidad social empresarial empleados por estas firmas para pacificar y neutralizar la resistencia local solo sirven para retrasar la justicia ambiental.

En conjunto, estos capítulos irradian una luz crítica sobre las relaciones de poder marcadamente asimétricas y sobre las posibilidades de justicia producidas por la minería. El papel del agua en la minería y en las relaciones entre la minería y la comunidad es sumamente importante, pero poco estudiado. El agua es el punto más importante de articulación entre las minas y las comunidades aguas abajo. Adicionalmente, en los Andes, las geografías del agua y las geografías de la minería son coproducidas. Sin agua no puede haber minería, y la minería, a su vez, da forma a las geografías de la calidad, la cantidad, el acceso y el uso del agua. Estas, con seguridad, son las geografías de la injusticia. Pero también son geografías de lucha, organización y movilización política, y en este sentido se pueden considerar geografías de la promesa y la esperanza.